Tarjeta de crédito

Amaya consiguió que el Juzgado desestimase la reclamación por las disposiciones efectuadas de una tarjeta Visa Citibank, al no poder ser acreditadas por la entidad

En noviembre de 2016, a Amaya le fue notificada una demanda de juicio monitorio interpuesta por ESTRELLA RECEIVABLES LTD. en la que se le reclamaba 7.656,25 euros de una tarjeta de crédito VISA CITIBANK que había solicitado en su momento. Con la demanda, se adjuntaban como documentos el contrato de tarjeta firmado y una certificación de saldo expedida por la entidad, pero no se acompañaba ningún extracto con los cargos y abonos de la cuenta corriente.

Amaya se opuso a la demanda alegando que con la documentación aportada no se acreditaba suficientemente las cantidades reclamadas. El Tribunal estimó la oposición, ya que el certificado de saldo no es suficientemente acreditativo de la deuda, si no viene acompañado de los extractos de cargo y abono.

Así, la sentencia estableció que “el que la LEC permita que documentos unilateralmente confeccionados por la parte actora sean suficientes para admitir a trámite una demanda de juicio monitorio en modo alguno supone que con los documentos presentados por la actora junto con la demanda de juicio monitorio se pruebe la existencia de la deuda objeto de reclamación si en dicho juicio monitorio se formula oposición como ha sucedido en el caso que nos ocupa

Añade que “no puede admitirse que sea "prueba" de la cantidad líquida que se reclama un documento unilateral emitido por la entidad bancaria en el que se hace constar como "resultado" de la liquidación un determinado saldo negativo, sin que siquiera se exponga con expresión de los correspondientes apuntes en cuenta de cargo y abono cómo se ha llegado a esa liquidación”

Todo lo anterior le lleva a concluir al Tribunal que “no hay prueba bastante del crédito reclamado al basarse exclusivamente la entidad actora en un documento que denomina "certificación" acompañado a la previa reclamación monitoria en el que se limita a consignar importes alzados por principal, intereses, comisiones y gasto de seguro, pero omitiendo todo tipo de detalle que permitiera a la parte demandada deudora comprobar la regularidad del crédito. “

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